Amparos contra la Caja Compensadora Policial

Desde FM Ártika entrevistamos al abogado Jorge Pintos y a los oficiales mayores retirados de la Policía del Territorio, Benjamín Alegre y Horacio Correa.

La situación que atraviesan los pasivos de la fuerza en Tierra del Fuego ha alcanzado un punto crítico tras nueve meses de falta de pago de sus haberes por parte de la Caja Compensadora de la Policía. Durante el encuentro, el Dr. Jorge Pintos expuso la angustiante realidad económica y de salud que enfrentan los retirados tras el cese de los pagos de sus haberes previsionales, una medida que calificó de arbitraria e ilegal. El conflicto se originó en agosto del año pasado, cuando una resolución de la presidencia de la Caja estableció un orden de prelación para los pagos que dejó en último lugar a los retirados territoriales, priorizando al personal civil y a los integrantes de la policía provincial en actividad o retiro reciente.

El Dr. Pintos fue tajante al calificar esta medida como un acto de discriminación que vulnera derechos adquiridos y la propia pirámide jurídica de la provincia. “Lo que ellos cobran ahora por caja compensadora es lo que fueron aportando a lo largo de su trayectoria de servicio. Esto no es un subsidio, son aportes. Por eso les corresponde cobrar esto, porque es el aporte que hicieron; es plata suya, no es plata del Estado”. El letrado remarcó además que una resolución de un directorio no tiene facultades para derogar una ley provincial ni para ignorar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Superior Tribunal de Justicia sobre la intangibilidad de los haberes jubilatorios.

Por su parte, Benjamín Alegre manifestó la indignación del sector ante la falta de respuestas claras del Poder Ejecutivo.

“Nosotros acá no pedimos nada que no nos corresponda, simplemente estamos pidiendo que nos paguen lo que por ley dice que nos paguen. No entendemos por qué un directorio nombrado por el Ejecutivo suspende una ley o prácticamente la deroga con una resolución”

El Oficial Mayor retirado Alegre recordó que durante su carrera activa sufrieron descuentos del 25% en total (12% para la jubilación ordinaria federal y 13% para la compensadora), lo que representó un enorme sacrificio familiar bajo la promesa de una vejez digna que hoy se ve truncada por decisiones administrativas.

La problemática trasciende lo administrativo para convertirse en una crisis humana y de salud. Al tratarse de efectivos de la etapa territorial, muchos son personas de avanzada edad con cuadros médicos complejos que requieren atención constante. Pintos detalló que han tenido que presentar historias clínicas en sede judicial para demostrar el carácter alimentario y la urgencia de los pagos. “Se está tirando al tacho todo el sacrificio y los servicios que prestó toda esta gente. Es totalmente vil tratar de generar esta discriminación y no pagar los haberes en tiempo y forma. ¿Qué van a esperar? ¿Que pase como con los jubilados de Nación, que se iban muriendo mientras reclamaban?”.

En la misma línea, el Oficial Mayor Horacio Correa relató las consecuencias financieras personales de este incumplimiento, mencionando que la falta de cobro desde junio de 2025 destruyó su planificación económica. Basándose en la previsibilidad de su haber, había solicitado un préstamo al Banco de Tierra del Fuego para refaccionar su vivienda, deuda que hoy no puede afrontar.

“Ya me llegó carta documento porque pasaron más de 100 días de la deuda por el préstamo y la tarjeta. Mi autito ya lo puse en venta porque quiero pagar la deuda que tengo con el banco. Esta situación causa un malestar personal y familiar profundo”

La situación de Correa, refleja una realidad que afecta a decenas de compañeros en condiciones similares de descapitalización patrimonial.

Respecto a la responsabilidad del Gobierno Provincial, Pintos rebatió los intentos del Ejecutivo por desvincularse del conflicto. Citó que, por ley, la Caja es un ente bajo la supervisión del Ministerio de Gobierno y que sus directores son designados por el propio gobernador.

“No es que no le incumbe al gobernador; la ley dice que los directores serán designados por el Poder Ejecutivo. El Estado no puede dejar en esta situación de indefensión a toda esta gente y a sus familias”

También criticó que, mientras se niegan haberes de carácter alimentario, no se observa un ajuste en los gastos políticos superfluos o en los elevados sueldos de otros organismos estatales como el Tribunal de Cuentas, donde las dietas son millonarias.

Actualmente, el conflicto se encuentra judicializado y a la espera de una resolución del Superior Tribunal de Justicia que siente un precedente definitivo. Aunque la primera instancia hizo lugar a los amparos, las apelaciones de la Caja han dilatado el proceso durante meses, lo que Pintos interpreta como una maniobra política para ganar tiempo ante el déficit provincial. “Esperamos que el Superior Tribunal aplique la ley y ordene a la caja a pagar como corresponda. Los únicos que no se ajustan son aquellos ligados a la política; es hora de que la ciudadanía ejerza sus derechos y que el Estado se ponga los pantalones para que no sucedan este tipo de injusticias”.

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